El Gobierno oficializó la licitación para privatizar el 90% de AySA

El Gobierno nacional avanzó en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender la totalidad de las acciones que el Estado posee en la empresa.

La medida quedó oficializada este viernes mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.

La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario de AySA, actualmente en manos del Estado. El 10% restante seguirá en poder de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.

La privatización se realizará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin base, destinada a seleccionar un “operador estratégico”.

El proceso se gestionará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde estarán disponibles el pliego y toda la documentación de la operación. El llamado deberá publicarse por diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal DGMARKET del Banco Mundial, además de difundirse en los sitios del Ministerio de Economía y de AySA.

El cronograma establece un plazo mínimo de 45 días corridos entre la publicación y el vencimiento para presentar ofertas. Las consultas al pliego podrán hacerse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la presentación de ofertas vence el 27 de agosto a las 9:59. Ese mismo día, a las 10, se realizará la apertura de sobres en un acto público electrónico.

El proceso busca un nuevo operador y redefine el esquema tarifario y de inversiones

La decisión se enmarca en la Ley 27.742 y el Decreto 494/2025, que declararon a AySA “sujeta a privatización”.

Según los considerandos de la resolución, el objetivo es avanzar en una “transformación de importancia refundacional” del servicio de agua potable y saneamiento.

El esquema prevé que en una primera etapa se venda al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública. El remanente accionario podrá luego comercializarse en bolsas y mercados del país. Para analizar las ofertas se creará una comisión evaluadora “ad hoc” integrada por funcionarios designados a tal fin.

El eje de esta etapa es la aprobación del contrato que regulará la operación privada del servicio, con foco en el diseño institucional y regulatorio de la concesión.

El modelo combina el ingreso de un operador privado con participación mayoritaria y la posibilidad de colocar parte del capital en el mercado, con el objetivo de mejorar la valuación de la compañía y atraer inversiones.

Uno de los puntos centrales será el equilibrio entre sustentabilidad financiera e inversión en infraestructura. El esquema contempla compromisos de expansión de redes, mejoras operativas y financiamiento del servicio, lo que vuelve a poner en debate el esquema tarifario.

La privatización también estuvo acompañada de modificaciones normativas previas que redefinieron las condiciones de prestación y ampliaron las facultades del futuro concesionario.

La iniciativa reabre la discusión sobre si el acceso al agua debe gestionarse como servicio público o bajo criterios de rentabilidad privada con regulación estatal.