Causa AFA: Casación anuló el pase a Campana y el caso de la mansión de Pilar vuelve a CABA

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el envío a la Justicia de Campana de la causa por la casa quinta de Pilar y ordenó que el expediente se tramite en la Ciudad de Buenos Aires.

Por mayoría, la Sala I dispuso que sea la Cámara Nacional en lo Penal Económico la que resuelva el caso de la mansión valuada en USD 17 millones y atribuida a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA.

El cambio se dio tras un planteo de la fiscalía contra la decisión que había tomado en enero la Cámara Federal de San Martín, que había remitido el expediente al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Hasta que haya una nueva definición, González Charvay continuará con la pesquisa.

La causa incluye autos de colección, helipuerto y caballerizas

La investigación no se limita a la mansión ubicada en la zona norte bonaerense. La denuncia apunta a la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, por la compra de la residencia valuada en USD 1,8 millones según escritura, en carácter de presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

El expediente también abarca una flota de autos de colección, un helipuerto y caballerizas. El foco está puesto en determinar si esos bienes pertenecen a dirigentes de la AFA, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Con el giro dispuesto por Casación, será la Cámara en lo Penal Económico la que resuelva la apelación de la fiscalía. El tribunal está integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes analizan si confirman los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA por la supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impositivos.

El fiscal ante Casación, Mario Villar, argumentó que el lugar indicado para debatir la causa era el fuero penal económico, ya que el último juzgado interviniente era el Penal Económico 10, entonces subrogado por Marcelo Aguinsky.

El juez Mariano Borinsky votó en disidencia y pidió declarar inadmisible el recurso fiscal al considerar que no se trataba de una sentencia definitiva ni se advertía una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación. También sostuvo que no se demostró una afectación sustancial a la garantía del juez natural y que la decisión implicaba una solución dilatoria contraria a la celeridad procesal.

Pese a ello, Borinsky acompañó la postura del juez Carbajo para que la nueva definición se tome de manera colegiada y con celeridad en la Cámara Nacional en lo Penal Económico.