La Corte Suprema ratifica cautelar: universidades deberán aumentar salarios y becas

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y dejó firme la medida cautelar que obliga a mejorar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, a convocar paritarias y a aumentar los fondos para becas. La decisión confirma lo dispuesto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que ya había ratificado la cautelar.

La Corte cierra la puerta al recurso del Gobierno

El máximo tribunal consideró que la impugnación del Ejecutivo no iba contra una sentencia definitiva. Por eso, la resolución que ordena cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025, queda firme. La ley contempla actualizaciones salariales desde 2023 y un aumento de las Becas Progresar, según los artículos 5 y 6.

Qué dice el acuerdo con los rectores y en qué se diferencia de la ley

La resolución judicial coincide en parte con el acuerdo firmado el 10 de este mes entre el Gobierno y los rectores. Ese entendimiento prevé un aumento salarial del 24,33%: 21,33% en junio y 3% más en octubre. Incluye la recomposición de 2025, ajuste por inflación hasta mayo de 2026 y un 7% adicional para compensar la pérdida de 2024.

La diferencia clave está en el retroactivo. La ley aprobada por el Congreso establece recuperación salarial desde el 1° de diciembre de 2023, mientras que el acuerdo del Gobierno tiene un alcance menor. Además, solo contempla mejoras para las Becas Manuel Belgrano, con una suba del 50% a $81.685, monto congelado desde 2024. No menciona las Becas Progresar.

Los gastos de funcionamiento universitario subirán 20% según el acta firmada.

Gremios piden 32,5% y universidades reclaman plena aplicación

Tras el fallo, los gremios universitarios adelantaron que pedirán una recomposición salarial del 32,5%. Las universidades, a través del CIN, insisten en que se aplique la ley completa.

“Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, publicó en X el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

El camino judicial hasta la decisión de hoy

El conflicto comenzó cuando el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario el 22 de agosto de 2024. El presidente Javier Milei la vetó, pero luego de movilizaciones y de que el Congreso insistiera, la promulgó por decreto. Sin embargo, argumentó que no podía ejecutarla por falta de financiamiento específico.

El Consejo Interuniversitario Nacional presentó una acción judicial. El juez Diego Cormick hizo lugar y ordenó aplicar de inmediato los artículos sobre salarios y becas. La Sala III de la Cámara Federal Contencioso Administrativo confirmó ese fallo.

El Gobierno apeló a la Corte y pidió que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusaran por ser docentes universitarios. Ambos planteos fueron rechazados este jueves, por lo que la cautelar quedó firme.