Nueve provincias podrán concesionar rutas nacionales y cobrar peaje

El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios. La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El objetivo es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.

Corrientes, Santa Fe y Córdoba, entre las jurisdicciones habilitadas

Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.

El Estado mantiene la propiedad y fija un tope de 30 años para los contratos

La normativa aclara que esta delegación de facultades es de carácter "funcional, limitado, temporal y revocable". El Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas y la medida "no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados". Además, los contratos de gestión no podrán exceder los 30 años desde su aprobación.

Cada provincia firmará convenios con Vialidad Nacional para definir obras

Para implementar el sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Las provincias deben garantizar el "respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero".

Si no licitan en un año, se cae la delegación del tramo

El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos. En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el "decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate".